Crimen y castigo por Gabriel Regino

El Colapso que viene.

Uno de los derechos más vulnerados en nuestro país es el relativo al acceso a la justicia, entendido como la posibilidad real y efectiva de que los ciudadanos puedan acudir ante los tribunales para resolver las controversias que se generan en sus actividades o con motivo de la disputa de propiedades, entre otras. Cada Estado de la República cuenta con un Poder Judicial que es el responsable de coordinar a jueces y magistrados para que atiendan y resuelvan oportunamente todos los juicios que llegan a presentarse. Hay un adagio que reza: “Justicia retardada, es justicia denegada”.

La desafortunada y constante incidencia delictiva, hace que el ámbito penal sea uno de los más congestionados en cuanto a integración de investigaciones y desahogo de juicios, por la limitación de personal y de infraestructura. De acuerdo con los datos que existen en el Secretariado de Seguridad Pública, anualmente se registran aproximadamente poco más de un millón de denuncias en todo el país, cifra que no se corresponde con el número de sentencias dictadas por los tribunales, lo cual puede obedecer a que el hecho denunciado no era delito, que la denuncia se sigue investigando, que el caso se archivó o que llegando a un juzgado, se libró una orden de aprehensión que no ha sido cumplimentada.

A pesar de esos factores, en México hay más de 200 mil personas privadas de su libertad en espera de sentencia, esto es, son presos sin condena, lo que contraviene los lineamientos internacionales en el tema de administración de justicia. Respecto a las órdenes de aprehensión pendientes por ser ejecutadas, las Fiscalías de los Estados son opacas y no existe una estadística fiable que sea pública, pero se estima que el rezago en esta materia a nivel nacional puede superar los 300 mil mandatos judiciales.

En tiempos de normalidad y con todo y el nuevo sistema de justicia de penal, una carpeta de investigación sin detenido, puede llevarse en su integración de 6 meses o hasta un año por la elevada carga de trabajo que tienen los Ministerios Públicos. Los Tribunales se encuentran rebasados en audiencias y una gran mayoría de ellas inician con retraso porque el Juez a cargo tiene que andar pasando de una Sala a otra y resolver con una rapidez que en ocasiones pugna con la concentración y reflexión que se debe tener en esas diligencias.

Diariamente se promueven más de 500 demandas de amparo indirecto en materia penal en todo el país, donde se reclaman desde órdenes de detención, aprehensión, vinculación a proceso o cualquier acto cometido dentro o fuera de juicio. Los plazos para que se dicte una sentencia de amparo después de admitida la demanda, puede ser de 4 a 6 meses, aproximadamente.

Desde que se decretó el Estado de Emergencia Sanitaria a finales de marzo de este año, todos los Tribunales frenaron sus actividades. Van más de 60 días sin que se den trámite a escritos, investigaciones, amparos, audiencias, recursos, etc. La mayoría de los Poderes Judiciales padecen de una tecnofobia que los ha dejado atrapados en un pasado conservador donde el pánico a las tecnologías hizo que jamás se actualizaran los sistemas de acceso a los expedientes en línea o a las audiencias virtuales, salvo contadas excepciones como Coahuila, Nuevo León y el Estado de México. Hay entidades federativas, que ni sitio web actualizado tienen.

Si de una interpretación de los datos que diariamente comparte el Gobierno Federal en torno al índice de contagios por COVID, se puede estimar que todo junio será de riesgo (semáforo rojo) podemos adelantar que 90 días de una parálisis colapsaran a México en materia de justicia. Aquí las razones: Miles de audiencias que habrían de celebrarse al final del mes de marzo, han quedado en el limbo. Si todo se reactivara en julio y los sindicatos no exigiesen el respeto a las vacaciones, en ese mes comenzarían apenas a desahogarse las audiencias de marzo, en agosto las de abril, en septiembre las de mayo y en octubre las de junio. Luego entonces, los casos que se se generaron en marzo y abril, podrían ser atendidos en noviembre y diciembre. Todos los casos originados en mayo y de ahí en adelante (7 meses) ocuparían los primeros 7 meses del año 2021 y, los casos del año 2021 se trasladarían al 2022 y así sucesivamente.

El número de personas privadas de su libertad es considerable. Las víctimas que aspiran a justicia también. Hoy la pandemia ha colocado a los Tribunales, en una encrucijada fatal: Su miedo a la modernidad, pondrá en jaque a la gobernabilidad.

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